Contralor: “Inhabilitaciones no tienen relación con año electoral

Según Clodosbaldo Russián, “no son nada nuevas, se están imponiendo desde hace cinco años”. “Los afectados, conocen que la sanción no la avalan razones políticas”

CARACAS (Intopress).- Para el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, “las inhabilitaciones políticas no tienen relación con el año elector”.
La reflexión anterior la hizo este lunes el máximo representante del órgano contralor a su salida de la instalación de la segunda jornada de Control Fiscal.
Más adelante, sostuvo que esta medida no es algo nuevo y que están sujetas a la ley, “los afectados, conocen que la sanción no la avalan razones políticas”.
Recordó que “las inhabilitaciones se están imponiendo desde hace cinco años, si yo fuese refranero como el desaparecido presidente Luis Herrera, diría que tarde piaste pajarito porque son decisiones administrativas que se han tomado desde hace mucho tiempo”Manifestó Russián que, “las personas, luego de una auditoria practicada por la Contraloría, que estaban presuntamente inmersos en la ejecución de actos que lesionaban al patrimonio público se les aperturó una averiguación administrativa y ahí tuvieron las posibilidades de ejercer el derecho a la defensa".
-Terminadas esas averiguaciones administrativas, la Contraloría de acuerdo con el ordenamiento constitucional y legal vigente impuso una sanción que es la responsabilidad administrativa, subsidiaria o complementaria a esa hay también medidas de suspensión hasta por 24 meses del ejercicio del cargo público o destitución del cargo y tres la inhabilitación, precisó..
Comentó, además: "siempre he dicho que si en Venezuela no existiera el derecho a la defensa yo lo hubiese inventado porque a mí en la década de los sesenta no me lo permitieron, pero además hubo un debido proceso hecho con mucha pulcritud".
Seguidamente, detalló que lo que ocurrió también es que en el año 2004, mediante una solicitud de amparo cautelar, que formuló un diputado al Consejo Legislativo del estado Bolívar, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció que aquellas personas cuyo cargo público se derivaba de un proceso de elección de primer grado no podían ser inhabilitados de ipso facto sino que había que esperar que terminasen el periodo para el cual habían sido electos, habida cuenta de que podían ser excluidos o sacados del cargo por el referendo revocatorio.
-Dijimos que nosotros no estábamos sancionando a nadie porque fuese impopular o no, sino por el mal manejo de los fondos públicos. Este es un Estado de Derecho y nosotros disciplinados como somos, acatamos la posición del tribunal más no la compartimos; luego vino una aclaratoria de la propia Sala en la cual se estableció que tiene y tenía facultad el Contralor de la República para dictar la medida de inhabilitación salvo que estas se aplicarían desde el momento mismo que las personas cesacen en el momento que ocupaba el cargo, bien porque renunciaran o porque se le había terminado el periodo, puntualizó.
Además de esta aparte de la sanción del tribunal se decidió, según Clodosvaldo que estos funcionarios no podían ser reelectos, "eso es lo que hemos hecho, tomar las sanciones disciplinarias y las de inhabilitación y remitirlas como las veníamos haciendo, al detal y caso por caso ante el Consejo Nacional Electoral acompañadas todas estas decisiones por lo que dijera el general Juan Vicente Gómez un periodiquito muy serio: la Gaceta Oficial".
Considera el Contralor que las personas que dicen que esta es una medida de tipo político electoral "saben que no se corresponde con la verdad, y fundamentalmente lo saben los juristas que han sido los abogados defensores de estas personas y lo saben tanto o más que los abogados defensores, los propios sancionados con la inhabilitación porque ellos tienen bastante tiempo tramitando ante la Contraloría el conocer de sus casos y cuáles eran las sanciones que se le iban a aplicar".
Aseguró que con la Contraloría "no hay chantaje posible, eso de que porque es un año electoral la Contraloría no va a tomar medidas y va a cerrar las puertas eso no va con nosotros".
-Esto permite, precisamente, que expresemos, de acuerdo con la Constitución y otros instrumentos legales, orientar cómo debe ser la gerencia pública de esta empresa a fin de que se desarrolle con la mayor transparencia y eficiencia y consecuencialmente con los menores costos pueda satisfacer las necesidades, cada vez más crecientes, de toda la población. De esta manera, tener una empresa de telecomunicaciones a tono con las tecnologías y con el rendimiento adecuado a la etapa que estamos viviendo a nivel planetario, concluyó diciendo