viernes, 30 de mayo de 2008

Contraportada / UNA CIA VENEZOLANA

No está claro el concepto de "inteligencia civil" que propone la nueva Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. Expertos creen que podría establecerse el espionaje como algo cotidiano

Por Carlos Crespo

L a nueva Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, promulgada el miércoles, contiene un concepto que preocupa a los expertos. La definición de "inteligencia civil", es poco clara en el texto y podría llevar a un control social sobre la población al estilo de los Comités de Defensa de la Revolución cubanos.
En el texto publicado ayer en Gaceta Oficial se define a la inteligencia civil como aquella "que se desarrolla en los ámbitos económicos, social, político, cultural, geográfico y ambiental".

Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, señala que la nueva norma pretende establecer un control político y social sobre la población.
"Se pretende establecer el espionaje de unos ciudadanos contra otros", asegura.
Para el ex director de la Policía Técnica Judicial, Fermín Mármol León, es importante que se deje claro a qué se refiere esta inteligencia.
Lo importante –a su juicio– es que el nuevo cuerpo que sustituirá a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), así como a la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) cuente con una adecuada formación.
"Es importante la capacitación profesional de quienes integran estos organismos, así como absorber a los buenos hombres que integraban a los otros".
El ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, indicó ayer que con la formación académica los nuevos funcionarios también deberán demostrar un fuerte "compromiso ideológico" que, se entiende, estará enmarcado dentro de los valores socialistas.
San Miguel también hace referencia al "peligro" que entraña la calificación de "amenaza interna" que se hace en el artículo 6 del decretoley.
Mármol León, en cambio, considera esto normal y los compara con la CIA y el FBI estadounidenses, encargados de las amenazas externas e internas respectivamente.
"Lo importante es que el trabajo se realice de manera profesional", indica.



SE PRESUME CULPABLE
Para San Miguel existe todavía un elemento más preocupante, pues el instrumento legal elimina la presunción de inocencia establecida en la Constitución. En su artículo 20 se establece que cuando "resulte inminente la comisión de un delito", el cuerpo no requerirá de órdenes judiciales para sus actuaciones.
También menciona el artículo 2 que obliga a civiles y militares a acogerse a los preceptos de la nueva ley.San Miguel asegura que esto establece un nuevo clima de "persecución" en el país, pues combinado con los llamados "delitos de opinión", establecidos en la reforma del Código Penal, así como con la formación "socialista" de los cuerpos policiales, se persigue crear todo un aparato legal y policial contra la disidencia política.
Mármol, quien aclara que todavía no ha revisado el proyecto en su totalidad, considera como un elemento positivo el hecho de que las competencias de la Disip y la DIM pasen a unificarse en un mando

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